UGT Servicios Públicos ha presentado las alegaciones al nuevo decreto de escolarización del Gobierno de Aragón que se encuentra en trámite.
Ante la publicación del primer borrador, el sindicato valora la necesidad de modificar el texto del articulado con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para toda la comunidad educativa, remarcando que la libertad de elección; no puede pasar por la pérdida de derechos de las familias con menos recursos económicos. Las modificaciones que el sindicato solicita contemplar:
- Eliminar la posibilidad de la concertación a las etapas no obligatorias como la enseñanza de 0 a 3 años o el bachillerato. La escolarización a partir de los 0 años debe ser una realidad efectiva para garantizar la corresponsabilidad y las medidas de conciliación, pero deben darse en centros que cuenten con los recursos necesarios, tanto de espacios como de personal, para este tipo de alumnado. Y esto solo pasa por las escuelas infantiles públicas y gratuitas. Por otro lado, el Bachillerato en la actualidad, cuenta con plazas suficientes en los centros públicos, por lo que la concertación supondría un detrimento en vías y plazas docentes de la escuela pública.
- Posibilidad de sancionar a aquellos centros que incumplan la reserva de plaza para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y requerimos unas instrucciones claras de reparto equitativo de recursos y plazas, para garantizar la igualdad de oportunidades.
- Acceso a ayudas económicas del alumnado que se incorpore fuera de plazo (becas transporte, comedor, libros etc.) en igualdad de condiciones que el resto, para evitar el posible absentismo por falta de recursos económicos.
- Descenso de ratios en todas las etapas educativas, con el fin de asegurar una educación de calidad adaptada a las nuevas necesidades del alumnado y las familias, y cumplimiento de las ratios modificando el texto del decreto de una forma explícita.
- Desestimar la creación de la unidad de escolarización dependiente del Departamento de Educación, que puede generar la toma de decisiones de manera unilateral, sin pasar por las comisiones de garantías de escolarización, las cuales están representadas por toda la comunidad educativa, y sí tienen atribuciones em esta materia.
Las modificaciones deben garantizar la igualdad de oportunidades
