Administración y sindicatos han suscrito este lunes el Acuerdo de teletrabajo en el ámbito de la Función Pública. Carlos Álvarez, responsable federal de la AGE de UGT ha afimado que desde La Unión General de Trabajadores «hemos sucrito este Acuerdo porque deja claros elementos básicos como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las Administraciones. Además introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, que le conceden un carácter lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía. Para UGT era imprescindible que sirviera de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y que asegurase el desarrollo sectorial y territorial a través de la Negociación Colectiva».
El texto regula el teletrabajo de forma estable, permanente, al margen de situaciones coyunturales como las ocasionada por el Covid-19, y garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía. El Acuerdo fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados públicos como para la administración y la sociedad en general. Entre otras, cabe destacar la reducción del tiempo en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar.
Hay que señalar que será requisito previo la valoración de la posibilidad del teletrabajo en cada puesto, la correspondiente evaluación y planificación preventiva, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.
El Acuerdo, que afectará a los más de dos millones y medio de empleadas y empleados públicos, avanza en cuestiones tan novedosas y vinculantes para todas las administraciones como la transparencia y objetividad en los criterios a seguir para su implantación y desarrollo, el fomento de la desconexión digital, la protección de datos, la confidencialidad y el derecho a la intimidad.
UGT ha instado a las Administraciones a abrir sin demora las Mesas de Negociación en los diferentes ámbitos, y específicamente en la Administración General del Estado de manera inmediata.
