Zaragoza. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social da la razón a FeSP UGT Aragón. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón- del que dependen los Agentes Forestales encargados del control de la caza- deberá proporcionarles medios de seguridad y formación.
Los avances en materia de seguridad dados desde el Departamento de Agricultura han sido nulos hasta el momento, por lo que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha instado al Gobierno de Aragón a “evaluar los riesgos para los agentes forestales derivados de las operaciones de vigilancia de la caza, con especial atención al riesgo de agresión física y verbal” y a entregar medios de protección adecuados, así como formación en materia de prevención y protección y a garantizar una adecuada organización de los trabajos.
La caza es una actividad especialmente peligrosa, como desvelan los datos oficiales del Ministerio del Interior: de enero a septiembre de 2020 más de 50 personas fallecieron y más de 600 resultaron heridas por disparos de armas de fuego al cazar en toda España, sin contar los datos de Cataluña y País Vasco, y que durante el Estado de Alarma estuvo restringida esta actividad. Los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón (APNs) son los funcionarios que, ostentando la condición de agentes de la autoridad, y entre otras muchas funciones, tienen encomendada la vigilancia, control, y en su caso denuncia, de la actividad cinegética. FesP UGT Aragón lleva años advirtiendo de la absoluta falta de medios de trabajo y de protección, formación, organización y protocolos de trabajo, de modo que únicamente la voluntad y el sentido del deber de los APNs es lo que hasta ahora ha permitido cumplir mínimamente con su cometido.
El asesinato en 2017 en Lérida de dos agentes forestales por disparos de un cazador aceleró estas exigencias. Se evidenció que los agentes no solo estaban sujetos al riesgo de ser alcanzados de manera accidental por los disparos, sino que no son infrecuentes los insultos, amenazas y agresiones verbales y físicas en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la caza, en las que deben interactuar con cazadores armados.
Sin pretender criminalizar a la totalidad de los practicantes de la caza, actividad que ejercida de manera regulada es compatible e incluso necesaria para la conservación del medio ambiente, no es menos cierto que los datos oficiales señalan que tiene una alta siniestralidad. Además, determinadas prácticas suponen la comisión de una infracción administrativa a la Ley de caza, e incluso de ilícitos penales, por lo que la seguridad de los APNs encargados de su control no puede estar sujeta ni a la fortuna ni a la voluntad del cazador armado que debe ser inspeccionado.
El Departamento de Agricultura no solo ha ignorado durante años las recomendaciones y exigencias que se hacían desde FesP UGT Aragón en materia de caza, sino que ha saboteado cualquier intento de mejora, por lo que ahora en el plazo máximo de cuatro meses la Administración deberá dar cumplimiento al requerimiento de la Inspección de Trabajo en las tres provincias aragonesas.
