Tras la tragedia ocurrida en Badajoz con el asesinato de una Educadora de un centro de menores, los sindicatos UGT, CGT y CCOO han detallado la situación que se vive en Aragón.
Han señalado las condiciones laborales que tienen en “precario”, en la que en muchas ocasiones se encuentra un educador en el turno de noche en pisos tutelados, algo que es totalmente inadmisible.
“Gobierno de Aragón es responsable de la situación que existe en los centros de trabajo, un Educador en turno de noche, es claramente inadmisible. Lo que ha ocurrido en Badajoz, puede ocurrir en Aragón” Señala Angelica Mazo Secretaria del Sector Servicios Sociales UGT Servicios Públicos.
“Un servicio esencial que en el que tienen obligación legal de prestarlo, dando protección a los menores, se ha convertido en un “negocio” para empresas y entidades gestoras de los centros y para el propio Gobierno de la Comunidad Autónoma. El Gobierno externaliza la prestación del servicio a “bajo coste”, la empresa que lo gestiona intenta que le salga lo más barato posible para aumentar sus beneficios… y finalmente quien sufre las consecuencias son las personas que trabajan en los centros y el propio menor cuya atención es insuficiente.” Señala Mazo
Servicio “low cost” de vergüenza en el que los trabajadores ha tenido una pérdida económica desde que se privatizó la gestión de los centros del 50% del salario y con una disminución de ratios de personal hasta llegar al mínimo posible por parte de la Administración.
Los sindicatos han señalado que deben tomarse en serio los “problemas endémicos” que sufre el sector que llevan años reivindicando sin ser escuchados.
Se ha hecho hincapié en la necesidad de realizar evaluaciones de riesgos psicosociales para para valorar la realidad que viven los Educadores y Educadoras respecto a la presión que sufren y tomar medidas “REALES Y EFECTIVAS”
También han exigido el reconocimiento de la peligrosidad y penosidad en la profesión, que se realicen estudios reales sobre la condiciones laborales que soportan.
Obligación de un mínimo de 2 Educadores por turno en todos los pisos tutelados, reducir las ratios de menores que atienden para poder hacer frente cuando se viven situaciones de crisis en los centros.
Se ha solicitado que se instalen sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad y emergencias garantizando la protección en todo momento de los trabajadores y menores. Así como la adaptación de “zonas seguras” para las personas que trabajan en los pisos ante situaciones de extrema gravedad
Otra de las cuestiones señaladas en la formación en prevención y gestión de conflictos que en estos momentos no se esta facilitando en los centros de protección y reforma.
Se ha hecho hincapié en la necesidad de un compromiso político que vaya de la mano de una financiación suficiente para cuidar a los menores en la comunidad Autónoma.
El Gobierno de Aragón no puede seguir sordo y ciego ante la situación que se vive en los centros de menores.
