La crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo a nivel global pone de manifiesto las carencias que sufría nuestro sistema educativo, pero que ahora se hacen más evidentes. Como hemos venido denunciando desde UGT en los últimos años, los recortes y la falta de inversión en educación han debilitado un sistema público que debería ser prioritario para el país. Estamos llegando al final del primer trimestre del curso escolar sin que las Administraciones educativas hayan puesto en marcha los recursos necesarios que permitan compensar las carencias detectadas y permitan a los centros afrontar con garantías los cambios que la digitalización está imponiendo en el sistema educativo.
Desde UGT, consideramos que es el momento de hacer una evaluación sobre la situación digital del sistema educativo, para conocer la realidad que viven los centros educativos y el profesorado. Así, a partir de los datos recogidos en una encuesta digital realizada por el sindicato, y a la que han respondido casi 2.000 docentes, mostramos los retos a los que han tenido que hacer frente a causa de la situación extraordinaria provocada por la aparición de la COVID-19 y sus consecuencias.
Un 85% de los docentes encuestados reconoce sufrir estrés y sobrecarga de trabajo; casi un 72% reconoce como una dificultad añadida la falta de medios tanto en los centros como en las familias; más del 95% admite tener más carga de trabajo que mediante la docencia presencial ordinaria, y casi la mitad afirma tener dificultades para llevar a cabo la conciliación familiar y laboral.
Además, casi un 60% de los participantes en la encuesta considera que su centro se encuentra poco o nada preparado para poder impartir la docencia en metodología online. Si a esto unimos que solo un 34,7% considera que la calidad de la conexión a internet le permite realizar su trabajo, nos encontramos con que la mayoría de los centros educativos no disponen de los medios técnicos suficientes para poder realizar con garantías el tipo de docencia que la pandemia está obligando a impartir en nuestro país.
Entre los aspectos negativos, el más importante, según el 90% de los docentes, se encuentra en la brecha digital, que está aumentando las diferencias entre el alumnado y, por tanto, supone una fisura en la equidad de nuestro sistema educativo. Por ello, desde el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclamamos a las diferentes Administraciones educativas que, más allá de las improvisaciones y las respuestas bienintencionadas, elaboren un plan acerca del impacto que está suponiendo esta nueva modalidad de enseñanza en los centros, en el profesorado y en las familias que permita, de forma racional y eficiente, un reparto de los recursos disponibles así como dotar de medios económicos y materiales a la comunidad educativa para poder afrontar con garantías la tarea encomendada.
En cuanto a las ratios y las plantillas docentes, reclamamos la apertura de procesos negociadores con los representantes del profesorado que permitan afrontar con garantías y de forma estable la enseñanza en cualquiera de las modalidades: presencial, semipresencial o a distancia. Esta nueva responsabilidad, en este momento, se está afrontando con plantillas envejecidas y sobrecargadas como consecuencia de los numerosos recortes que hemos sufrido en los últimos tiempos, tanto a nivel estructural como en los equipos de orientación, de apoyo y de atención a la diversidad, ámbito especialmente sensible en lo referente a la desigualdad generada por la modalidad online y la brecha digital.
No podemos olvidar el impacto económico que esta modalidad de enseñanza ha supuesto hasta el momento en el profesorado. Por ello reclamamos que las Administraciones educativas sufraguen los gastos ocasionados por la necesidad de llevar a cabo la enseñanza a distancia: tutorías, proceso de atención a las familias, docencia en videollamada…, así como reconocer un complemento económico, al igual que existe en los institutos tecnológicos en la actualidad, a los docentes que realizan esta labor.
Por último, desde UGT reivindicamos que en una situación tan excepcional como la que ha provocado la pandemia por COVID-19, la escuela pública debe garantizar la equidad y la calidad de la enseñanza. No podemos permitir que la brecha social y el reparto desigual de los recursos creen aún más distancia entre el alumnado más desfavorecido. Tanto el Gobierno como las Administraciones educativas deben proporcionar los recursos materiales y humanos a la educación para no dejar a nadie fuera del sistema.
