Las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Aragón y de Empleados y empleadas de los Servicios Públicos de UGT Aragón junto a CSIF coinciden en señalar que la antigüedad del parque móvil de los Agentes para la Protección de la Naturaleza, con una media de 12 años y con 45 vehículos que superan los 20 años, supone un grave problema de seguridad. Además, determinados servicios de emergencias, como la asistencia a incendios forestales, se ven seriamente comprometidos. El coste económico de las continuas reparaciones mecánicas, el excesivo consumo en combustible de vehículos poco eficientes, así como las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes es medioambientalmente insostenible en un Departamento que debería ser ejemplarizante en este aspecto.
La respuesta de Joaquín Olona, consejero socialista del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en la sesión de Cortes del 28 de enero a la pregunta del diputado del PP Antonio Romero sobre el estado del parque móvil de los Agentes para la Protección de la Naturaleza ha incendiado el ánimo de este personal funcionario, dada las inexactitudes de la misma, el desconocimiento y menosprecio hacia su trabajo y lo que es más grave, la falta de criterio e intención de resolver el problema que denota al reconocer que tras más de 6 años al frente del Departamento no dispone de ningún informe sobre el estado mecánico de los vehículos.
El consejero pretendió confundir a las Cortes de Aragón al citar en su respuesta «que el total de vehículos de Departamento es de unos 500», pese a que el portal de Transparencia los cifra en más de 700, obviando además que en realidad los APNs, sobre los que se le interpelaba, disponen solo de 230. Un 20% de ellos supera los 20 años de antigüedad y en muchos casos los 400.000 km recorridos por pistas forestales y para otro 40% su antigüedad se sitúa entre los 10 y los 20 años, por lo que la mayoría debería ser sustituido de manera inmediata, por el grave riesgo que su uso entraña no solo para los trabajadores, sino para el resto de los usuarios de las vías públicas, así como para el medio ambiente. Los accidentes de tráfico por defectos de los vehículos son cada vez más frecuentes y el colectivo teme que no se ponga remedio a la situación hasta que ocurra una desgracia.
El gasto en mantenimiento del envejecido parque móvil crece desmesuradamente, ya que la superación de la inspección técnica de vehículos exige costosas reparaciones para la subsanación de los continuos defectos graves que se detectan. En muchas ocasiones el importe de dichas reparaciones supera el valor de los propios vehículos reparados, y eso que para varios de los modelos de vehículos ya no se fabrican piezas de recambio y deben usarse piezas obtenidas en desguaces, incrementando la inseguridad. A dichos gastos debe sumarse el coste de los servicios al ciudadano no realizados por la imposibilidad de desplazarse por el territorio y las jornadas de trabajo perdidas.
Asimismo, critican la visión política cortoplacista en la renovación del parque móvil: el número de vehículos adquiridos no compensa el número de vehículos a sustituir, de modo que la antigüedad media del parque móvil aumenta cada año. Además, se están adquiriendo los vehículos todocamino más baratos del mercado para maquillar las cifras, pero se oculta el gasto que esos vehículos con menos de 3 años de antigüedad están teniendo ya en reparaciones, así como el hecho de que su vida útil será muy corta, por lo que en pocos años deberán ser igualmente sustituidos, acrecentando el problema.
La mayoría de los servicios realizados por los Agentes para la Protección de la Naturaleza exige el uso de verdaderos vehículos todoterreno, de las características más habituales de entre los disponibles en el mercado, que no constituyen ningún lujo ni extravagancia como parece que se quiere dar a entender desde el Departamento, sino que aseguren cierta durabilidad, fiabilidad y capacidad de acceso al monte. Basta con fijarse en el tipo de vehículos todoterreno que usan otros colectivos en el medio rural como Guardia Civil, Bomberos o Protección Civil, así como en su imagen corporativa, equipación, estado de conservación y antigüedad para detectar las necesidades reales. Una prueba más de la incongruente gestión del parque móvil es que el Gobierno de Aragón exige a la empresa pública SARGA y a otras empresas privadas adjudicatarias de determinados contratos administrativos que los servicios se presten con vehículos de menos de 4 años de antigüedad y con esas características todoterreno que niegan a su propio personal funcionario, pese a que el escenario en el que desarrollan su actividad es el mismo.
