La defensa de los servicios públicos no es un asunto ideológico, sino una cuestión de sentido común y justicia social. Son el instrumento más eficaz con el que cuenta una sociedad moderna para garantizar que cualquier persona, independientemente de su origen, su situación económica o su lugar de residencia, pueda ejercer sus derechos básicos en igualdad de oportunidades, además de generar cohesión social.
La Educación, la Sanidad, los Servicios sociales, las pensiones o la Justicia son pilares de nuestro Estado del bienestar y son de todos: nos pertenecen y nos protegen.
La importancia de su presencia en el medio rural es evidente. En una comunidad como Aragón, caracterizada por su diversidad y dispersión territorial. Zonas rurales enteras dependen absolutamente de su presencia. Sin una red pública sólida y estable, la llamada “España vaciada” se vaciaría aún más.
Actualmente, su cobertura de estos profesionales está siendo deficiente por diversos motivos, unas veces motivada por una cuestionable “falta de rentabilidad” o el escaso atractivo profesional. En los pueblos de Aragón se necesita personal sanitario, especialmente en atención continuada y profesorado – cuarenta y seis centros educativos en el territorio tienen problemas – y también, es imprescindible mejorar la atención en el servicio postal universal, que está funcionando al cincuenta por ciento.
Los Servicios públicos no sólo prestan ayuda directa a las personas, sino que también vertebran el territorio, fijan población, generan empleo y hacen posible que podamos hacer frente a retos tan complejos como la despoblación, el envejecimiento, la transición ecológica y digital, o la lucha contra la exclusión social.
Y algo tan valioso para la ciudadanía, esencial para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, no puede depender del mercado, ni del poder adquisitivo de cada individuo en una sociedad verdaderamente equitativa. Los intentos de privatización o externalización, promovidos en muchas ocasiones bajo la premisa de eficiencia, terminan convirtiendo derechos en negocio. Además, suponen una pérdida de control público sobre los recursos y un deterioro en las condiciones laborales de quienes los prestan. Defender lo público, implica también defender la dignidad del empleo público.
Por eso, desde nuestra organización insistimos en la necesidad de apostar decididamente por la estabilización del empleo público. Es fundamental reducir los altos niveles de temporalidad y garantizar carreras profesionales dignas, estables y bien reconocidas. En ninguna de las administraciones públicas se cumple la ley de estabilización del empleo público, que obliga a que la temporalidad no supere el 8%. La realidad es que la media está por encima del 20 % en la función pública.
Para UGT es igualmente prioritario la eliminación de la tasa de reposición para dimensionar de forma real las plantillas cuando se oferte empleo público. No solo se deben considerar las jubilaciones y bajas, sino la carga adicional de trabajo, en la que entran otros factores. Por ejemplo, en las oficinas de la Seguridad Social son necesarios más efectivos para la atención a la ciudadanía, debido al aumento y el envejecimiento de la población.
La falta de inversión y previsión en la planificación de plantillas ha generado disfunciones que terminan afectando al ciudadano, lo que ha sido aprovechado por grupos interesados con discursos demagógicos, que ponen en duda la profesionalidad de estos trabajadores y trabajadoras y, en entredicho a los Servicios públicos. Urge poner en valor su desempeño, tan apreciado durante la pandemia y que es necesario recordar, fundamentado en los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, transparencia y honestidad y que representan una garantía en la atención a la ciudadanía.
UGT pide a los responsables políticos no solo incrementar los recursos humanos y una financiación adecuada y suficiente para unos Servicios públicos de calidad, sino también la dignificación de la figura de los empleados públicos. Estamos convencidos de que el progreso de una sociedad no se mide únicamente en términos económicos, sino en la capacidad real que tiene para cuidar, proteger y hacer crecer a todas las personas que la componen.
UGT Aragón seguiremos luchando por un modelo de servicios públicos al servicio de la mayoría social y en el que el bienestar de las personas esté en el centro de todas las decisiones.
Miguel Sarasa Albalá, secretario general de UGT Servicios Públicos Aragón
