UGT continua denunciando la inacción de la patronal ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores/es del sector, un sector que además ha tenido beneficios generalizados durante los últimos años. En la última reunión negociadora, celebrada el pasado 18 de enero, la actitud inmovilista de la patronal llevó a los sindicatos a solicitar la mediación.
UGT Servicios Públicos ha calificado de insostenible la situación. La inflación afecta a las plantillas y a sus familias y por tanto, la primera alternativa viable antes de movilizar el sector es acudir al SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), para dar una salida razonable al convenio, después de tantos meses de negociación.
La patronal ha propuesto un Convenio a tres años (2021-2023) e incrementos salariales del 2% para cada uno de los años. Para UGT Servicios Públicos esta propuesta es inaceptable porque los trabajadores y trabajadoras perderían poder adquisitivo y porque la suma de los incrementos propuestos es del 6%, lo que no alcanzaría ni siquiera el IPC para el año 2021 del 6,5%.
En cuanto la cláusula de revisión salarial, la patronal propone que esté vinculada al IPC a la finalización del convenio y sólo de actualización, es decir que la diferencia entre las sumas de IPC y los Incrementos, si la hubiera, actualizaría las tablas a partir del 1 de enero de 2024, sin devengar atrasos de 2022 y 2023. Y además proponen toparla a un máximo del 8%. Es decir, si la inflación acumulada de los tres años excediera el 6%, hecho que ya ha ocurrido porque para el 2021 es del 6,5%, solo se revisarían los salarios hasta un máximo del 8%, aunque la inflación acumulada fuera superior.
Según UGT Servicios Públicos se modifica la cláusula de revisión y los trabajadores y trabajadoras dejarían de percibir los atrasos correspondientes. En cuanto al tope propuesto para la cláusula de revisión, UGT considera que es insuficiente: a poco que la suma del IPC de los años 2022 y 2023 sea superior al 1,5%, algo que parece bastante probable, nos encontraríamos en una situación de pérdida de poder adquisitivo. Entiende, por tanto UGT que, la idea de topar tan a la baja la cláusula de revisión sería negociable ante un riesgo de quiebra del sector que no es el caso, pero no es aceptable para favorecer a que las empresas incrementen sus cuentas de resultados que ya son mayoritariamente positivas, y a que regalen mediante descuentos comerciales y financieros el margen regulado de la distribución a los farmacéuticos que ya poseen el suyo propio casí cuatro veces mayor, todo ello a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del sector de la Distribución Farmacéutica.
