UGT Servicios Públicos ha expuesto en la mesa negociadora del convenio colectivo de distribuidores de productos farmacéuticos celebrada ayer un incremento salarial del 2,5% para el año 2021, un 2,5% para el 2022 y un 2,5% para el 2023, incluyendo una cláusula de actualización de las tablas salariales al IPC, para que al finalizar los tres años de vigencia se garantice el poder adquisitivo de los trabajadores.
Nuestro sindicato defiende de manera unitaria con el resto de la parte social que, si la inflación acumulada fuera inferior al incremento de los tres años, no se devolverían las cantidades abonadas. En caso de que la inflación acumulada fuera mayor a las subidas salariales de los tres años de vigencia, se aplicaría la cláusula del IPC por la diferencia, incrementado las tablas salariales con efecto retroactivo desde enero de 2023 y generando el pago de los atrasos desde esa fecha.
La patronal, que había comenzado la reunión con la propuesta de dejar fuera la variable del IPC y, por tanto no asegurar la subida de la inflación, puso dificultades para la vigencia a tres años del convenio, pero aseguró que estudiaría la propuesta.
El planteamiento de la patronal al inicio de la reunión se limitaba a un incremento del 2% para el año 2021 y otro tanto para el 2022, que no alcanzaría ni a cubrir la inflación prevista para el año actual, cercana al 5,8%, con lo que los salarios sufrirían una fuerte devaluación.
Para UGT Servicios Públicos, la propuesta social debe recoger las actualizaciones ya pactadas del nuevo texto, así como las mejoras sociales manifestadas en la anterior reunión por la parte sindical sobre la ampliación del permiso de hospitalización a tres días y una reducción de la jornada laboral anual.
