Como consecuencia de la nueva fase del COVID-19 en la que entró nuestro país entre el domingo 8 de marzo y el lunes 9, el Gobierno tomó en el Consejo de Ministras y Ministros del martes 10 una serie de medidas bajo criterios sanitarios. En ese sentido encargó al Ministerio de Sanidad la coordinación entre las distintas Administraciones.
No obstante, en lo que compete a la Administración General del Estado, esa misma tarde nos convocó la Ministra de Políticia Territorial y Función Pública para comentarnos una Resolución que la Secretaría de Estado iba a dictar de inmeditato con una serie de medidas de índole organizacional y de carácter social para las empleadas y empleados públicos de la AGE. Entre las mismas cabe señalar la regulación de la situación de aislamiento, en la que el personal de la AGE percibirá el 100% de sus retribuciones, o la regulación de las ausencias como consecuencia de los cierres de centros educativos o de mayores, que tendrán la consideración de deber inexcusable. Se priorizarán los medios telemáticos y telefónicos en la atención al público, se evitarán reuniones y desplazamientos potenciando las videoconferencias, serán pospuestos los cursos presenciales y las pruebas selectivas, etc. Por otro lado, en determinados supuestos se permitirán modalidades no presenciales de trabajo y se podrán reorganizar turnos, etc.
El día 12 se dictó otra Resolución complementaria que consideraba como tiempo de trabajo efectivo la permanencia en el domicilio como consecuencia de la suspensión temporal de actividades. Por otro lado, establecía la posibilidad de flexibilización de la jomada laboral. Asimismo, en el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48j del TREBEP.
Por otra parte, UGT y CCOO, entendiendo la necesidad de una colaboración efectiva entre la administración y las organizaciones sindicales, consideramos esencial la creación de un instrumento de comunicación y coordinación con la Secrataría General de Función Pública. En consecuencia propusimos que se concretara —en el marco de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos- en la constitución de una Comisión de Seguimiento sobre la incidencia del COVID-19 y las actuaciones de contención, específica para la AGE, en la que podamos recibir información actualizada y plantear aquellas deficiencias que se pudieran producir.
El 20 de marzo, en relación a esta petición conjunta, la Secretaría General de Función Pública decidió la constitución de un Grupo de Trabajo, con presencia de las organizaciones Sindicales y los Ministerios de Sanidad, Interior, Transporte, Defensa y Política Territorial y Función Pública. La primera reunión tendrá lugar telemáticamente el miércoles 25.
En consecuencia, y coincidiendo con el décimo día de la declaración del estado de alerta, hemos decidido presentar este INFORME, que pretende hacer balance de la situación y de las actividades sindicales de la UGT en los centros de trabajo de la AGE. El documento tiene la consideración de abierto y actualizable por lo que podremos ir incorporando todos aquellos datos que nos vayan llegando.
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