El Sindicato pone en valor el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI que consiguió más salarios, más derechos y más y mejor empleo en las Administraciones Públicas. Ahora toca trabajar por uno nuevo Acuerdo que ratifique la senda abierta con el actual
La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, participó hoy en Santiago en la jornada “Bases de negociación colectiva y diálogo social” en la que, además de hacer un análisis del recorrido del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, puso encima de la mesa la necesidad de comenzar desde ya a trabajar por uno nuevo Acuerdo marco a nivel estatal para los empleados y empleadas públicas de este país que, continuando la senda del anterior, incida en la mejora de los salarios, manteniendo los criterios marcados en el anterior Acuerdo; que atienda a las necesidades de digitalización; que le de un impulso a las carreras profesionales, sobre todo en las administraciones locales, y desarrolle los sistemas de promoción interna y los mecanismos de provisión.
Araque considera que “el tiempo le dio la razón a UGT, como parte activa en la negociación del Acuerdo y parte firmante”, ya que este permitió en los tres años que tiene de vigor garantizar más derechos, más y mejor empleo y más salario. Insistió en que es la primera vez que en una situación de crisis como la que se vivía en el país cuando se firmó el Acuerdo se aborda la situación de los empleados y empleadas públicas sin recortes, todo lo contrario, con mejoras. Se establece una fórmula de incrementos salariales de mínimos, con una parte fija y otra variable, que garantizaron aumentos del 10% y que, además, pusieron las bases para una mejora de los salarios también en el sector privado, ya que fue la avanzadilla de cara al AENC que más tarde se firmó.
También destacó que es la primera vez que se establece una subida en el mismo año con carácter retroactivo y consolidable; se revierte la derogación de la jubilación parcial anticipada del Estatuto Básico del Empleado Público; fija el marco de las 37,5 horas semanales que siempre pueden ser rebajadas en la negociación de las comunidades autónomas y otras administraciones; abre el camino para la digitalización de las administraciones públicas, tanto desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras como de los usuarios; impulsa y flexibiliza la promoción, provisión y selección; y mejora las clasificaciones profesionales y desarrolla el grupo B, lo que supone un avance, sobre todo, para el sector sanitario.
En definitiva, este fue un acuerdo firme y valiente que contribuyó a recuperar muchos de los derechos perdidos, sobre todo, a raíz del Real Decreto 20 del año 2012 impuesto por el Gobierno del PP. Y, además, así lo valoraron los empleados y empleadas públicas porque UGT sigue siendo la primera fuerza sindical de las Administraciones Públicas en el marco del Estado.
No obstante, a dos meses de su caducidad, apuntó que ya toca trabajar en un segundo acuerdo que dé continuidad al actual.
Un segundo acuerdo que mantenga las líneas salariales del anterior, replicar las subidas con la parte fija y variable. Un segundo acuerdo que entre de lleno en la digitalización de las Administraciones Públicas de este país.
«Un segundo acuerdo que incida en establecer nuevas herramientas de clasificación profesional y promoción interna y en el desarrollo de la carrera profesional y que culmine el primero y que mantenga la senda de mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados y empleadas públicas», concluyó.
