En la última reunión de la mesa negociadora, celebrada el pasado 18 de enero, para UGT Servicios Públicos se constató el inmovilismo de la patronal, lo que llevó junto con los sindicatos representados en la mesa a solicitar la mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, el SIMA.
La mediación celebrada el 23 de febrero no ha dado sus frutos, no ha sido posible el acuerdo. De hecho, la patronal no realizó ningún acercamiento real e incluso no asumió la propuesta de los mediadores, hasta intentó introducir una nueva exigencia con el objeto de precarizar los contratos temporales vía convenio, ya que la nueva reforma laboral los limita. Una actitud que para UGT Servicios Públicos muestra la poca intención de llegar a un acuerdo que en estos momentos tiene la patronal.
Una patronal con récords de facturación y amplios beneficios que quiere obligar a sus plantillas a que devalúen sus salarios mientras reparten » bonus» a sus cúpulas directivas que acumulan años de subidas salariales por encima del convenio, mientras el grueso de sus plantillas son mileuristas. Aun así, esperan que la subida de costes por la inflación la asuman los trabajadores y trabajadoras mediante la pérdida de poder adquisitivo, dejando sus salarios sin actualizar con la inflación.
Este sector no es electro-intensivo como otros, ni repercute directamente la subida de los carburantes porque la mayoría de los repartidores son subcontratas y autónomos que normalmente se ven obligados a asumirlos, y a pesar de ello, la patronal lo esgrime como excusa.
Desde el punto de vista de UGT Servicios Públicos, está claro después de la mediación que la propuesta patronal es insuficiente porque:
- Perdemos poder adquisitivo: La suma de los incrementos propuestos por la patronal a tres años es del 6,5%, lo que alcanza a paliar solamente el IPC real del año 2021 del 6,5%.
- Suprime el cobro de atrasos en los años 2022 y 2023.
- El tope propuesto para la cláusula de revisión salarial es insuficiente. Si la suma de la inflación de los años 2022 y 2023 fuera superior al 2%, estaríamos ante una situación de pérdida del poder adquisitivo, y empobrecimiento de los salarios. Hay que recordar que para el 2022 se prevé 3,7%, y el 2021 fue del 6,5% y quieren topar la cláusula al 8,5%.
La inflación afecta a las plantillas y a sus familias, y por tanto, agotada la alternativa antes de movilizar el sector, que era la mediación en el SIMA, y ante la postura patronal, iniciaremos un proceso de información y consulta con las personas trabajadoras del sector, convocando asambleas en los centros de trabajo, al objeto de promover y coordinar acciones de movilización hacia la firma del convenio.
Tras la reunión de la representación sindical, prevista el día 8 de marzo, informaremos desde la unidad sindical del calendario de asambleas, así como de las propuestas de movilización.
Para UGT Servicios Públicos, en un sector saneado y con beneficios generalizados, las plantillas no pueden perder las subidas salariales logradas en los anteriores convenios en esta negociación, que es lo que pretende la propuesta de la patronal, no actualizando los salarios.
