La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un vuelco sin precedentes en nuestra sociedad, con consecuencias evidentes en el ámbito laboral. De manera urgente, desde el 12 de marzo se han ido sucediendo las medidas en materia de personal de nuestra Administración. Muchas compañeras y compañeros han estado en la primera línea del frente, trabajando sin descanso, en servicios esenciales, y no solo en el ámbito sociosanitario, que frecuentemente es el primero en el que pensamos, sino en el resto de servicios de los diferentes Departamentos que era necesario mantener en funcionamiento. Mientras tanto, el resto del personal ha permanecido disponible para que la Administración, se ha incorporado presencialmente en destinos diferentes al suyo cuando era necesario y ha teletrabajado en la medida de sus posibilidades, con voluntariedad y si las tareas habituales lo permitían.
Se ha constatado que nuestra Administración no estaba preparada para el teletrabajo y que solo la propia necesidad y la enorme responsabilidad de los empleados públicos han hecho posible su puesta en marcha, pero con resultados desiguales y agravios comparativos evidentes.
La DGA no estaba preparada pese a que en 2014 lanzó un programa piloto de la modalidad de teletrabajo. Las conclusiones al mismo, no dejaban lugar a dudas: ”…No hay motivos organizativos, económicos, tecnológicos o funcionales que desaconsejen el despliegue de la modalidad de teletrabajo…”, por lo que se recomendaba “…Implantar con carácter general la modalidad de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón…”.
El teletrabajo ha llegado y debe quedarse en nuestra Administración, pero de una manera regulada, porque no todo ha sido teletrabajo, ni todas las tareas son susceptibles de realizarse bajo esta modalidad. A todas las ventajas que se acreditaron en la experiencia de 2014 se une ahora que en esa nueva normalidad post-COVID el teletrabajo es una herramienta esencial para asegurar el distanciamiento social, además de mejorar las posibilidades de conciliación ante un escenario incierto al no ser segura la apertura de centros educativos y de cuidado de personas mayores y dependientes el próximo otoño.
Pero es preciso una regulación legal que delimite los ámbitos de actuación, que fije las reglas, la jornada de trabajo, los periodos de descanso, la desconexión, la igualdad real, la protección de la salud y seguridad, los medios necesarios, la formación, los procedimientos, los criterios de selección, los métodos de control, la protección de datos o la seguridad informática entre otros muchos aspectos.
Desde el Sector Autonómico de la FeSP UGT, durante toda esta alerta sanitaria, y especialmente en esta fase de reincorporación progresiva del personal público a sus centros de trabajo, hemos reclamado la negociación urgente de la modalidad de teletrabajo o trabajo mixto. De momento, estamos a la espera de una posible futura Ley de ámbito estatal que regule el teletrabajo, pero con o sin ella, es imprescindible negociar en el ámbito de la Administración General del Gobierno de Aragón antes del final del verano la regulación de esta modalidad de trabajo.
