La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) traslada la intranquilidad sobre el futuro laboral al que están sometidos al menos 80.000 trabajadores de distintos ámbitos de la enseñanza privada.
Aproximadamente 25.000 trabajadoras y trabajadores de la Educación Infantil pública de gestión indirecta siguen expectantes ante la nueva regulación laboral para los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) que se van a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Las medidas laborales y de seguridad social, de carácter temporal y excepcional parece que podrán tener un carácter garantista para la estabilidad laboral de las trabajadoras del sector.
Peor suerte pueden correr al menos 8.000 trabajadores de la enseñanza no reglada. La enseñanza no reglada, el sector más precario de la enseñanza privada, cuenta con aproximadamente 45.000 trabajadores en toda España, de los cuales un 65 % de ellos tienen un contrato a tiempo parcial. Igualmente, un 60 % tienen un contrato temporal. Esto, sumado a unos bajos salarios, parece conllevar que podría haber despidos para adelgazar las ya de por sí menguadas plantillas existentes. FeSP-UGT perseguirá dichas prácticas cuando existen otras de carácter temporal que garantizan el empleo una vez superado el periodo extraordinario de alarma sanitaria.
Especial mención requiere la situación de las escuelas infantiles privadas más pequeñas, pues, a la situación límite que estaban viviendo, esta situación de parón laboral por la emergencia sanitaria del coronavirus puede suponer el cierre de un porcentaje importante de ellas (cerca de un 20 %), aún mayor del que se venía produciendo a lo largo de este curso escolar.
En otros sectores de la enseñanza privada se está utilizando el ERTE como solución en proporciones menores: sector de autoescuelas, enseñanzas especializadas de escuelas de peluquería y música, colegios mayores y universidades privadas. Entre todos estos colectivos la previsión es de unas 3.000 personas.
FeSP-UGT sigue apostando por la estabilidad y la utilización de los mecanismos establecidos en la ley para que el empleo y los salarios no se resientan ante la situación extraordinaria que estamos viviendo.
